El presidente de los Estados Unidos ha firmado una ley que convierte la deportación de niños ucranianos en motivo de sanciones.

Quienes podrían enfrentar restricciones incluyen no solo a aquellos que transportaron a los niños, sino también a funcionarios, instituciones e intermediarios que organizaron o facilitaron estas acciones. Las sanciones implican la congelación de activos en los Estados Unidos y la prohibición de entrada al país.

Kiev, 19 de septiembre de 2026. El 18 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos firmó la ley H.R. 5334, Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026. Entre los motivos para imponer sanciones, la ley identifica explícitamente el traslado forzoso y la deportación forzada de niños como graves violaciones de los derechos humanos contra ciudadanos ucranianos.

El proyecto de ley fue presentado en el Congreso bajo este número en septiembre de 2025, y las disposiciones sobre sanciones se añadieron en el verano de 2026. La ley introduce y amplía mecanismos de sanciones dirigidos a Rusia —incluidos sus funcionarios, sectores financiero y energético, y aquellos que le ayudan a evadir restricciones— y extiende la Ley de Sanciones contra Irán de 1996 hasta 2031.

Quiénes podrían enfrentar sanciones por delitos contra niños. La ley se refiere a personas extranjeras, lo que incluye tanto a individuos como a organizaciones: instituciones, fundaciones, órganos de tutela, proveedores de transporte y cualquier entidad legal que no sea estadounidense. La ley enumera por separado a los altos funcionarios de la Federación de Rusia que están sujetos a restricciones en virtud de sus cargos y autoriza al presidente de los Estados Unidos a añadir otros altos funcionarios a esta lista.

Qué acciones pueden desencadenar sanciones. Los motivos incluyen participar a sabiendas, directa o indirectamente, en graves violaciones de los derechos humanos contra ciudadanos ucranianos. La ley identifica traslados forzosos, desapariciones forzadas, detención ilegal, la deportación forzada de niños y la tortura entre estas violaciones. Esta lista no es exhaustiva. La referencia a la participación indirecta extiende la disposición a intermediarios y aquellos que facilitaron la ejecución de estas acciones, no solo a sus perpetradores directos. La ley también define lo que constituye actuar “a sabiendas”: basta con que una persona debiera haber conocido sus acciones y sus consecuencias; no se requiere prueba de intención directa.

Qué significan las sanciones en la práctica. Existen dos tipos de restricciones. La primera es la congelación total de activos: todos los bienes e intereses en bienes mantenidos en los Estados Unidos o bajo el control de personas estadounidenses son congelados, y cualquier transacción que los involucre está prohibida. La segunda implica restricciones de visa: la persona se vuelve inelegible para ingresar a los Estados Unidos o recibir beneficios migratorios, y cualquier visa existente es revocada de inmediato. Las violaciones de estas prohibiciones conllevan responsabilidad civil y penal bajo la ley estadounidense. El presidente de los Estados Unidos decide qué individuos y organizaciones son añadidos a las listas de sanciones.

“La deportación de niños ahora tiene un precio consagrado en la ley de los Estados Unidos, no solo en declaraciones políticas”, afirma Maksym Maksymov, jefe de Bring Kids Back UA. “La disposición sobre la participación indirecta significa que se aplica no solo a quienes transportaron físicamente a un niño, sino también a quienes procesaron el papeleo y financiaron estas acciones: órganos de tutela, proveedores de transporte y funcionarios que firmaron los documentos. Esta disposición es parte de la misma ley que impone sanciones a las industrias petrolera, bancaria y de defensa de Rusia. Esto significa que la deportación de niños ya no es una vía humanitaria separada en las negociaciones, sino un instrumento de pleno derecho de presión sobre el agresor. Es esta misma presión la que, en última instancia, acerca tanto el fin de la guerra como el regreso de los niños”.

La distinción clave de esta decisión reside en su estatus legal. Los motivos para imponer sanciones por la deportación de niños ucranianos ahora están consagrados en la ley en lugar de en una orden ejecutiva, lo que significa que no pueden ser derogados simplemente cambiando una decisión administrativa. Al mismo tiempo, la ley no añade automáticamente a nadie a las listas de sanciones: establece un mecanismo, mientras que la implementación de ese mecanismo dependerá de decisiones específicas de la administración estadounidense.