Coalición interregional en la ONU pide el enjuiciamiento penal internacional de la militarización de menores patrocinada por el Estado en conflictos armados

En la Asamblea General de la ONU, los gobiernos presentaron un nuevo enfoque internacional para la rendición de cuentas por el borrado forzado de la identidad de los niños y su militarización.

NUEVA YORK, 24 de septiembre de 2026. En un evento de alto nivel celebrado al margen de la Asamblea General de la ONU, una coalición interregional de gobiernos pidió hoy que el adoctrinamiento y la militarización de los niños ucranianos por parte de Rusia sean procesados como un crimen de lesa humanidad dentro de un mecanismo formal de rendición de cuentas.

El evento, Garantizar la rendición de cuentas para Ucrania, fue coorganizado por el Grupo de Amigos de la Rendición de Cuentas tras la Agresión contra Ucrania, liderado por los gobiernos de Albania, Dinamarca, el Reino de los Países Bajos y las Islas Marshall, en cooperación con Ucrania, la Unión Europea, Canadá, Estonia y Lituania.

Las órdenes de detención existentes de la Corte Penal Internacional se refieren a la deportación ilegal. Sin embargo, actualmente no existe un marco jurídico internacional comparable para procesar la militarización sistemática y la supresión de la identidad de los menores secuestrados como una cuestión de política de Estado. El evento de hoy tiene como objetivo cerrar esta brecha crítica en el derecho internacional humanitario.

El Grupo Asesor sobre Crímenes de Atrocidad (ACA, por sus siglas en inglés) para Ucrania, que opera a través de la Iniciativa de Justicia Penal Internacional (ICJI) de la Universidad de Georgetown, presentó un nuevo informe sobre la escala de la política de Rusia. Según el informe, además de los más de 20,000 niños cuya deportación y traslado forzoso por parte de Rusia han sido documentados, aproximadamente 1.6 millones de niños ucranianos en territorios temporalmente ocupados están sujetos al adoctrinamiento y militarización del Estado. Estos incluyen al menos 582,600 niños en edad escolar que reciben educación bajo planes de estudio diseñados para borrar su identidad ucraniana y prepararlos para el reclutamiento en el ejército ruso.

Sobre la base del análisis legal presentado, los copatrocinadores abogaron por clasificar el adoctrinamiento patrocinado por el Estado como persecución por motivos nacionales, uno de los actos subyacentes que constituyen crímenes de lesa humanidad. Tal mecanismo caracterizaría las acciones de Rusia no simplemente como traslados transfronterizos ilegales, sino como un sistema estatal deliberado destinado a borrar permanentemente la identidad ucraniana y asimilar a los niños por la fuerza.

La viceministra de Asuntos Exteriores de Ucrania, Mariana Betsa, declaró: “La deportación ilegal y el traslado forzoso de niños ucranianos por parte de la Federación Rusa constituyen una violación grave del derecho internacional, así como un intento de privar a Ucrania de su futuro. Los niños ucranianos que viven actualmente bajo control ruso están sujetos a la militarización y el adoctrinamiento por parte de Rusia. Esto incluye la imposición forzosa de la ciudadanía rusa, seguida del adoctrinamiento en escuelas, campamentos militares y academias militares, y el reclutamiento en el ejército ruso. Las violaciones de Rusia contra los niños ucranianos son de naturaleza sistemática y pueden conllevar responsabilidad por crímenes de lesa humanidad”.

Maksym Maksymov, director de Bring Kids Back UA, añadió: “Esta es la trayectoria del plan de Rusia: aislar, reprogramar, obligarlos a luchar contra su propio país. Cada paso refuerza el anterior. El círculo se cierra. Un niño al que se le enseñó a olvidar a Ucrania ahora está listo para luchar contra ella. Es precisamente por eso que las deportaciones no son toda la historia. La deportación, el traslado forzoso, el adoctrinamiento y la militarización forman un sistema único que debe investigarse como una política de Estado unificada. Debe evaluarse de acuerdo con la lógica que lo sostiene, no solo con su componente más visible. De lo contrario, la mayoría de los niños afectados permanecerán invisibles y los responsables escaparán de la justicia”.

“Nuestra conclusión general es que la campaña documentada de adoctrinamiento y militarización de los niños ucranianos llevada a cabo por las autoridades rusas viola diversos aspectos del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional”, dijo Clint Williamson, coordinador principal de la ACA y director sénior de la ICJI. “Esto requiere una investigación consistente, documentación, rendición de cuentas para los responsables y, quizás lo más importante, apoyo para los niños afectados y sus familias”.

Hoy, representantes del Departamento de Estado de EE. UU. anunciaron la decisión de apoyar un programa de 12 millones de dólares para la reintegración de los niños que regresan de los territorios temporalmente ocupados de Ucrania y Rusia. Se han presentado para su consideración 15 millones de dólares adicionales para la búsqueda, el regreso y la reintegración de los niños ucranianos.

A partir de septiembre de 2026, Ucrania ha confirmado oficialmente 20,651 casos de deportación y traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia. Al mismo tiempo, el informe de la ACA demuestra que la deportación física es solo un componente de una política estatal más amplia e integral destinada a la ingeniería demográfica.

Al reconocer la asimilación y militarización forzadas de los niños como los crímenes internacionales más graves por los cuales los individuos pueden rendir cuentas, la coalición busca establecer un enfoque internacional común que evite que los Estados en cualquier parte del mundo utilicen a los menores como recursos demográficos y militares en conflictos armados.

El marco legal y la evidencia presentados en Nueva York informarán directamente sobre los Caminos hacia la paz: Segunda Conferencia Internacional sobre el Regreso de los Niños Ucranianos, Civiles Detenidos y Prisioneros de Guerra, organizada conjuntamente por Canadá, Ucrania y Noruega en Toronto los días 28 y 29 de septiembre. La conferencia abordará el establecimiento de marcos legales, la implementación operativa, la formalización de protocolos de mediación de terceros, los mecanismos de búsqueda y las asociaciones transfronterizas para acelerar el regreso y la reintegración de los niños ucranianos que Rusia ha deportado por la fuerza o que permanecen en territorios temporalmente ocupados.