Explicaciones
Porque es parte de una política deliberada y dirigida por el Estado para borrar la identidad ucraniana y criar a una generación leal a Rusia.
Desde 2014, y especialmente después de la invasión a gran escala en 2022, Rusia ha deportado sistemáticamente a niños ucranianos, a menudo bajo el falso pretexto de evacuación o protección. Una vez capturados, muchos niños son adoptados por familias rusas, se les concede la ciudadanía rusa y son sometidos a programas de reeducación y educación militar-patriótica.
Esto no es incidental. Está diseñado para romper los lazos de los niños con Ucrania y asimilarlos a la sociedad rusa, convirtiendo a las víctimas en futuras herramientas de agresión.
En el derecho internacional, estos no son solo términos generales; describen delitos graves.
La deportación se refiere al traslado forzoso de personas desde el territorio donde residen legalmente hacia otro país. El traslado forzoso significa el mismo tipo de traslado, pero dentro de las fronteras de un territorio ocupado.
Ambas están prohibidas por los Convenios de Ginebra y definidas como crímenes de guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, especialmente cuando se trata de niños.
Cuando Rusia saca a los niños ucranianos de las zonas ocupadas y los coloca en Rusia o en instituciones controladas por Rusia sin el consentimiento de sus familias, y a menudo sin ninguna forma de rastrearlos, esto no es una evacuación.
Esto es deportación. Esto es un traslado forzoso. Y esto es ilegal.
Los niños tienen derecho a su identidad, familia, cultura y país. Quitarles eso por la fuerza no es “protección”. Es una violación del derecho internacional.
Una vez que un niño es capturado por las fuerzas rusas, su vida a menudo se reescribe por completo.
Pueden ser enviados a un campo de filtración, donde son interrogados y separados de los miembros de su familia. Muchos son luego transportados a lo profundo de Rusia (a veces a miles de kilómetros de su hogar) y colocados en orfanatos, familias de acogida o campos de educación “patriótica”.
Sus documentos ucranianos son confiscados y se les entregan documentos rusos. En muchos casos, sus nombres son cambiados, su idioma es reemplazado y su memoria del hogar es borrada deliberadamente.
A algunos niños se les dice que sus familias los abandonaron. Otros son presionados para adoptar una identidad o ideología rusa. El acceso a teléfonos o el contacto con familiares a menudo se bloquea. En los campos, pueden enfrentar presión psicológica, ejercicios de estilo militar o lecciones de propaganda forzada.
Para los niños que ya eran vulnerables (por ejemplo, de orfanatos o bajo tutela temporal), el riesgo es aún mayor. Pueden ser adoptados por familias rusas sin posibilidad de regresar.
Esto no es solo reubicación. Es un sistema organizado de destrucción de identidad.
Traer a un niño de regreso de Rusia o de los territorios ocupados es solo el primer paso. Después de su regreso, los niños comienzan un proceso de recuperación más largo, de reintegración y de reconstrucción de la confianza.
Cada niño es diferente. Algunos regresan con traumas, otros con nuevas identidades impuestas, algunos completamente desconectados de su pasado. Es por eso que Ucrania ha establecido un sistema dedicado para apoyar a cada niño, mucho después de que estén en casa.
El proceso es coordinado por el Centro de Protección de los Derechos del Niño y el Centro de Coordinación para el Cuidado Basado en la Familia. Juntos, se aseguran de que ningún niño devuelto termine en una institución.
Si el niño tiene familia, vuelve a casa. Si no, son colocados en hogares de acogida o tutela y nunca en grandes instalaciones residenciales.
El apoyo continúa durante el tiempo que sea necesario. Esto incluye:
- Vivienda temporal (si es necesario)
- Ayuda para restaurar documentos y estatus legal
- Acceso a la escuela y atención médica
- Apoyo psicológico
- Ayuda para reconectarse con la comunidad y la cultura
En junio de 2025, durante las conversaciones en Estambul mediadas por Turquía, Ucrania entregó a Rusia una lista limitada de 339 niños ucranianos que habían sido deportados, trasladados por la fuerza o retenidos en territorios ocupados.
Esta lista (a menudo denominada la “lista de Estambul”) no pretendía representar la escala completa del crimen. Fue un paso diplomático, destinado como una medida de fomento de la confianza: una forma de probar si Rusia estaba dispuesta a participar seriamente por motivos humanitarios y devolver incluso a un pequeño número de niños.
¿Por qué solo 339 nombres? Porque Rusia ha demostrado que utiliza datos personales (incluso de niños) para la manipulación y la propaganda. Ucrania tuvo que equilibrar la urgencia de devolver a los niños con la responsabilidad de protegerlos a ellos y a sus familias. Es por eso que solo se compartieron los casos más verificables y protegidos.
Hasta ahora, Rusia no ha mostrado una voluntad real de cooperar. Su delegación respondió vagamente y muy pocos niños han sido devueltos. Esto demuestra una vez más que las declaraciones sobre la “disposición” para devolver a los niños deben juzgarse por las acciones, no por las palabras.
La diferencia clave es el consentimiento, el propósito y el resultado.
La evacuación es legal solo si es temporal, verdaderamente protectora y realizada con el consentimiento informado de los tutores legales del niño, con la intención de devolverlos a casa. También debe seguir reglas claras bajo el derecho internacional, especialmente en territorios ocupados.
La deportación, por otro lado, es cuando los niños son sacados por la fuerza o mediante engaños: alejados de sus hogares, separados de sus familias y transportados ya sea dentro del territorio ocupado o al territorio de la potencia ocupante.
Lo que Rusia ha hecho no es una evacuación. En muchos casos, los niños fueron sacados sin el conocimiento o consentimiento de la familia. Algunos fueron enviados a Rusia bajo el reclamo de “seguridad”, pero luego fueron colocados en campos, orfanatos o familias rusas. Otros fueron mantenidos en áreas ocupadas y sometidos a reeducación forzada. La mayoría no fueron devueltos.
Esto viola el Cuarto Convenio de Ginebra y el Estatuto de Roma. Cuando los niños son sacados, vueltos a registrar, renombrados y reprogramados culturalmente, esto no es protección. Es un crimen de guerra.
Porque devolver incluso a un solo niño requiere un proceso largo, complejo y a menudo peligroso.
Ucrania no tiene acceso directo a los niños que están en Rusia o en partes de la Ucrania ocupada controladas por Rusia. Rusia se niega a dar información transparente, bloquea el acceso a las instituciones y, en muchos casos, cambia las identidades de los niños. Eso hace que sea casi imposible localizar o verificar el estatus actual de un niño.
Cada retorno implica negociaciones entre bastidores, a veces a través de terceros países neutrales u organizaciones humanitarias. Aun así, Rusia exige documentación adicional o retrasa el proceso con burocracia y excusas. En algunos casos, los rescatistas tienen que viajar a través de terceros países, enfrentando interrogatorios y amenazas en el camino.
Este no es un sistema construido para la cooperación. Es un sistema diseñado para retrasar, confundir y borrar, y es por eso que el regreso de cada niño es una victoria, pero nunca una simple.
Porque despoja al niño de su identidad, nacionalidad y vínculos legales, a menudo de forma permanente.
El derecho internacional, incluidos el Cuarto Convenio de Ginebra y la Convención sobre los Derechos del Niño, es claro: los niños en la guerra deben ser protegidos, no reutilizados. Tienen derecho a permanecer en su comunidad, cultura y entorno familiar.
La adopción forzada, especialmente por parte de la potencia ocupante, viola esos derechos. No se trata solo de dónde vive un niño. Se trata de quiénes son. En muchos casos documentados, los niños ucranianos llevados por Rusia fueron adoptados bajo nuevos nombres, se les dio la ciudadanía rusa y fueron criados para creer que fueron abandonados o quedaron huérfanos.
Estas adopciones ocurren sin el consentimiento de Ucrania y sin la verificación adecuada del estatus familiar del niño. Una vez finalizadas bajo la ley rusa, son extremadamente difíciles de revertir.
Esto no es un acto humanitario, es una herramienta de asimilación. Y cuando se hace sistemáticamente, como lo ha hecho Rusia, califica como un crimen de guerra y, bajo ciertas condiciones, incluso un componente de genocidio.
Porque hablar puede poner a su hijo, o a ellos mismos, en peligro.
En muchos casos, los niños son sacados de territorios ocupados donde Rusia controla todas las comunicaciones, movimientos e instituciones. Las familias que viven bajo ocupación saben que están siendo vigiladas, y que llamar la atención sobre el secuestro de un niño puede llevar a castigos, acoso o la pérdida de cualquier acceso restante a ese niño.
A algunos padres se les ha dicho que si se quejan públicamente, su hijo será trasladado más profundamente a Rusia, o adoptado rápidamente, sin forma de rastrearlo. Otros son amenazados directamente o forzados a guardar silencio mediante la intimidación.
Incluso las familias en la Ucrania controlada por el gobierno pueden dudar en hacer público el caso si temen represalias contra los familiares que aún están en las zonas ocupadas. Es por eso que Ucrania a menudo evita revelar detalles de las operaciones de retorno en curso, para proteger a los niños y a sus familias de riesgos adicionales.
El silencio no es consentimiento. Es supervivencia bajo coacción.
Porque Rusia los esconde y distorsiona los datos.
No hay acceso a una lista central de dónde están los niños, quién los tiene o en qué condiciones. Ucrania ha creado un registro de casos denunciados y verificados, pero solo puede reflejar lo que se sabe, e incluso entonces, las familias pueden no tener información completa.
Muchos niños fueron trasladados a través de varias regiones, algunos sin documentos. Otros fueron registrados con nombres nuevos, colocados en instituciones o adoptados por familias rusas con documentos falsificados. Rusia no coopera en el rastreo de estos casos e incluso ha negado que las deportaciones estén ocurriendo.
Las declaraciones públicas de los funcionarios rusos a veces mencionan cientos de miles de niños, pero sin transparencia, es imposible verificar qué incluyen realmente esos números, ya sea que se refieran a niños que cruzaron con familias, aquellos que fueron tomados por la fuerza o aquellos nacidos bajo ocupación.
Esto es parte del crimen: la ocultación. La escala se oscurece deliberadamente, porque ocultar a los niños hace que sea más difícil traerlos de regreso y más difícil hacer que Rusia rinda cuentas.
La Coalición Internacional para el Regreso de los Niños Ucranianos es una alianza diplomática y política formada por iniciativa de Ucrania para coordinar los esfuerzos internacionales para devolver a los niños deportados o trasladados ilegalmente por Rusia.
Reúne a países y organizaciones que apoyan el derecho de Ucrania a recuperar a sus niños robados y quieren contribuir de manera concreta, a través de la diplomacia, la presión legal, el intercambio de inteligencia y el apoyo a las operaciones de retorno. La Coalición no es solo una cuestión de declaraciones: está diseñada para crear influencia política, construir casos legales y unir los esfuerzos globales en una respuesta única y enfocada.
El objetivo es asegurarse de que Rusia enfrente una presión continua y coordinada, y evitar la normalización de los secuestros de niños en conflictos armados. Cada país de la Coalición añade peso a la voz de Ucrania y muestra que la protección de los niños no es un problema regional, sino una línea roja global.
El regreso de cada niño es una operación separada de alto riesgo. No se trata solo de encontrarlos, se trata de sacarlos de manera segura.
En muchos casos, las familias o tutores ucranianos tienen que viajar a través de varios países, como Polonia, Bielorrusia o Georgia, para llegar a los territorios ocupados o a Rusia. Allí, enfrentan interrogatorios, vigilancia y exigencias de documentos. Algunos se ven obligados a pasar por procedimientos de filtración o incluso a someterse a pruebas de detector de mentiras.
Estos viajes pueden durar semanas. Incluso después de llegar al niño, es posible que los familiares no puedan salir de inmediato. Las autoridades rusas a menudo retrasan los regresos bajo varios pretextos o exigen apariciones en los medios para dar forma a la propaganda.
Los organismos gubernamentales, las ONG y los actores internacionales coordinan entre bastidores para gestionar la logística, la documentación y los pasos legales. Pero nada está garantizado. Un pequeño cambio (un punto de control, una ruta bloqueada, una orden política) puede detener todo.
Estas misiones son peligrosas, agotadoras y profundamente personales. Sin embargo, son el único camino disponible cuando no existe un sistema formal de retorno.
La educación militar-patriótica es un sistema de campos y programas en Rusia, incluidos los territorios ucranianos ocupados, donde se enseña a los niños a admirar al ejército ruso, apoyar la guerra contra Ucrania y rechazar su propia identidad.
Estos programas utilizan uniformes, simulacros, entrenamiento con armas y lecciones de propaganda para adoctrinar a los niños. En algunos campos, se hace que los niños se arrastren en trincheras, canten consignas militares y aprendan a ensamblar drones o manejar armas. A otros se les dan lecciones de historia simplificadas que glorifican las victorias rusas y niegan la soberanía de Ucrania.
Esto viola el derecho internacional de múltiples maneras. Según los Convenios de Ginebra y la Convención sobre los Derechos del Niño, las potencias ocupantes no deben interferir con la identidad de los niños ni someterlos a entrenamiento militar.
Este tipo de “educación” no es cultural o cívica, es coercitiva. Apunta a niños vulnerables y traumatizados y los utiliza para fines políticos. Al hacerlo, los prepara no para la paz, sino para futuras guerras.

